Silvano Bautista Ibarias.
Al anunciar que el Congreso Agrario Permanente se suma a la interlocución con el Consejo Rector del Pacto por México y sostendrá su primer reunión de trabajo esta semana para definir el Pacto Rural, Max Agustín Correa Hernández, exigió que los recursos públicos enfocados a esta acción y en la Cruzada Nacional contra el Hambre se blinden de un posible uso electoral, ejercer “mano dura” contra funcionarios corruptos y se integre una Contraloría Social.
En conferencia de prensa en la que dijo que a este diálogo con el Consejo Rector del Pacto por México se están sumando al trabajo del Frente Amplio Campesino, indicó que esta misma semana se definirán los compromisos con la titular de Sedesol, Rosario Robles Berlanga, en el sentido de hacer realidad la integración al Consejo Consultivo de la dependencia así como a los de Liconsa y de la misma Cruzada Nacional contra el Hambre.
Max Correa Hernández, en su calidad de Coordinador General del Congreso Agrario Permanente, acompañado por los dirigentes de CIOAC, CONSUCC y ALCANO, presentó la propuesta al Gobierno Federal así como a los partidos del PAN, PRI y PRD, para concretar el Pacto Rural para una Nueva Reforma del Campo que integra tres ejes fundamentales focalizados en la producción, la comercialización y abasto.
La propuesta al Consejo Rector del Pacto por México que preside, Jesús Zambrano Grijalva, es concreta: “que el campesino del sector social con menos de cinco hectáreas se vea favorecido con este Pacto Rural y se incentive la producción de granos y alimentos varios en el sur-sureste del país.
Al respecto, Federico Ovalle Vaquera, Secretario General de la CIOAC dijo que otra modificación real que debe existir en el Pacto Rural es la depuración de Procampo y la integración de 500 productores sociales.
Al hablar de los programas sociales, Max Correa Hernández, aseguró que el Congreso Agrario Permanente lamenta que éstos se utilicen con propósitos electorales cuando la alimentación es un derecho humano exigible y por tanto no debe verse como “una concesión graciosa del gobierno en turno”.
En este orden de ideas, Federico Ovalle Vaquera dijo que se buscará negociar desde ya el Programa Especial Concurrente 2014 pues se tiene de aquí hasta junio para su integración y por tanto este esquema deberá ser contemplado en el Pacto Rural que buscan las organizaciones campesinas.
Al respecto de la supervisión de los programas sociales así como de la Cruzada Nacional contra el Hambre, Guadalupe Martínez Cruz, Secretaria General de CONSUCC anunció que el Congreso Agrario Permanente está en la focalización de los 400 municipios que integran esta cruzada para tener una realidad de la presencia del CAP y evitar que haya uso electoral de este programa.
Por su parte, Raúl Pérez Bedolla, Secretario de Organización de ALCANO, dijo que el CAP va por la Contraloría Social en la Cruzada Nacional contra el Hambre y por exigir que todo funcionario que sea sorprendido haciendo uso político electoral del programa sea suspendido de sus funciones pero también se le finquen responsabilidades penales por delitos electorales.
Entre otras de las demandas que tiene el CAP para con el Gobierno Federal está que Sagarpa ordene los programas de maíz y frijol para que los recursos lleguen antes de la siembra y no en la cosecha; que Financiera Rural baje los requisitos para acceder al crédito pues actualmente son más de 25 las reglas a cubrir y que FIRA deje de hacer negocios con los grandes productores.
Finalmente, Federico Ovalle Vaquera, líder de CIOAC reiteró que es indispensable reglamentar el Derechos a la Alimentación y hacer productiva la zona sur-sureste del país ya que en entidades como Guerrero, Oaxaca y Chiapas existe el 74 por ciento de la población más pobre del país pero tiene la capacidad para producir, en sólo cinco años con buenas inversiones en infraestructura, hasta 50 millones de toneladas de granos básicos.
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