Silvano Bautista Ibarias.
Con la nueva legislación en materia de amparo se abre la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación impulse el acceso a la justicia de 8 mil presos indígenas en penales federales y de fuero común, aseguró Cecilia García, directora general de la Asociación Anauatlali Pro Derechos de la Propiedad Rural A.C.
Confió en que el reconocimiento de los derechos indígenas por parte del Poder Judicial permita que el sistema jurídico y sus juzgadores respondan a la problemática de falta de acceso de los indígenas a la justicia ya que éstos carecen de un intérprete y un defensor que además de hablar su lengua, tenga conocimientos amplios y profundos de su cultura, usos y costumbres.
Por ello, valoró el anuncio de la SCJN a través de su ministro presidente, Juan Silva Meza, del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, dijo que las organizaciones defensoras de los derechos indígenas están listas hablar de la realidad en el sector y opinar sobre el particular.
En este sentido, calificó como positiva la actuación de la SCJN abrirse al diálogo para conocer la opinión de las personas, pueblos y comunidades indígenas sobre dicho Protocolo con el objetivo de perfeccionarlo en el futuro y reiteró que en México hay miles de procesos penales mal elaborados en contra de indígenas a quienes además se les niega la defensoría en su lengua origen.
Así mismo, consideró que el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, debe ser una herramienta que auxilie a los juzgadores en la tarea de impartir justicia a los indígenas de todo el país.
Recordó que esta decisión sólo valida aún más el fallo de la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien, por unanimidad de votos, el pasado 31 de enero, la Primera Sala determinó que las personas que se consideran indígenas tienen el derecho de autodefinirse como tales durante los procesos penales que enfrenten.
Con ello, la función del intérprete dentro de un proceso penal será indispensable para poner en contexto jurídico a la persona indígena a fin de que conozca el delito que se le imputa para la etapa de desahogo de pruebas.
Cecilia García, consideró conveniente retomar las cifras que proporcionó la Subsecretaria del Sistema Penitenciario Federal de la
Secretaria de Seguridad Pública en funciones hasta 2012 y que hoy está integrada a la Secretaría de Gobernación, la cual indica la existencia de 8 mil 122 indígenas detenidos por estar involucrados en delitos diversos del fuero común y federal.
Estos hombres y mujeres carecen de una defensa adecuada en su dialecto, dijo, pues las mismas estadísticas hablan de que la entidad que más presos indígenas tiene es Chiapas con 1,313 y después Oaxaca con 1,278; y la que menos tiene es Aguascalientes con 3; Guanajuato con 4 , Coahuila 7 y Zacatecas con 9.
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