El ex alcalde de Tapachula, Emmanuel Nivón González podría hacerse acreedor a una multa superior a los 260 mil pesos por parte del Organo Superior de Fiscalización del Congreso del estado debido a que presenta un retraso en su cuenta pública de enero a la fecha sin argumentos, ni fundamento o sustento para ello.
De acuerdo a fuentes cercanas al ex candidato panista a la gubernatura, indiciaron que su administración emanada del PAN tendrá que enfrentar un serio problema jurídico además de una sanción administrativa en caso de no saldar la deuda o mínimo la comprobación fiscal.
Y es que hasta la fecha el ayuntamiento de Tapachula aún no comprueba lo correspondiente al presente año.
Explican las fuentes que si los gastos de la administración del ex alcalde panista no son bien soportados no podrá avalar ninguno de ellos toda vez que en su momento solicitó trámites o mínimamente información sobre el atraso.
Indicaron que a ningún funcionario municipal o integrante del cuerpo edilicio ha recibido documentación respecto a las finanzas del municipio debido a que el tesorero ha aplazado hasta después de este mes para realizar los trámites correspondientes.
No obstante, están enterados de esta situación el Presidente Municipal sustituto, el Tesorero, la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior del estado para evitar mayores problemas.
De hecho, por haber girado oficios para su conocimiento al ex alcalde Emmanuel Nivón, por medio del Contralor municipal, han retenido los sueldos de varios funcionarios inconformes por esta situación, principalmente en contra de los Regidores del PRI y PRD.
Nivón, con el objetivo doloso de que se calmen porque ha argumentado que no se cederán a “chantajes” ni a provocaciones ni a presiones a través de declaraciones en la prensa o “entrevistas de banqueta, indicaron.
Por tal motivo, es previsible que el OFS emitia la multa en contra del Ayuntamiento tapachulteco a mediados de octubre, lo que ha presionado a la falsificación de firmas y sellos oficiales, hechos que serán elementos que servirán para ampliar una probable demanda laboral ante el Tribunal Burocrático porque “no estamos pidiendo un peso más al contrario es un sueldo devengado que por ley nos corresponde”.
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