El perredista Javier Yau Dorry se pronunció por el regreso a sus comunidades de los 13 ejidatarios de Galeana, en el municipio de La Independencia, luego de señalar que los expulsores están incurriendo en los delitos de despojo y daños en propiedad ajena, privación del derecho de participación política y sobre todo violando los derechos humanos de sus compañeros ejidatarios.
Dijo, que en una reunión con estos, se pide se acepte el regreso de los 13 ejidatarios a la comunidad, en caso contrario podrían intervenir para ejercer justicia en contra de los cacicazgos represivos que han provocado este hecho vergonzoso de violación de derechos fundamentales que consagra la constitución.
Apuntó que la división y la incapacidad para resolver conflictos, como un mal crónico de muchas comunidades chiapanecas, son rémoras del pasado, y hoy en día tenemos que aprender a dirimir las diferencias por la vía pacífica recurriendo a todos los dispositivos legales y al dialogo franco, abierto y propositivo.
Señaló que el asunto ya ha sido turnado por el PRD a la Camarada de Diputados para incorporarse a unos de los puntos de acuerdo de los legisladores federales.
También, comento que se ha recurrido a las diferentes instancias legales como la PGR, la Fiscalía Electoral y los organismos de derechos humanos para dirimir el problema de las más de 40 personas que fueron afectadas por los caciques locales del Ejido de Galeana.
Abundo que hay en este momento una tregua por acuerdo entre expulsados perredistas del municipio de La Independencia con autoridades que comprometieron a buscar una solución con las autoridades del ejido Galeana y, que en caso de no haber respuesta favorable, volverán a plantarse en la plaza pública de esta capital.
Hasta ahora la secretaría de gobierno ha venido conduciendo con indolencia el asunto de la expulsión forzosa de 13 ejidatarios de Galeana del municipio de la Independencia; Ángel Gabriel Pérez a quien le fue encomendada esta diligencia de parte de Noé Castañón, desestimando la problemática mandató a otro subalterno a asistir a la asamblea del 17 de septiembre pasado para dirimir el conflicto en el citado ejido, con lo cual permitió que el asunto continúe perversamente manejado por el subsecretario regional Maximino Toledo, quien irresponsablemente se comprometió pagar las multas.
ResponderEliminarAcaso este neófito funcionario no alcanza a comprender que el hecho de aceptar esta arbitrariedad asume que el gobierno se convierte en cómplice de la impunidad y la injusticia y deja entrever su participación tendenciosa en el problema, además de que en caso de ceder a este abuso caciquil los afectados se asumirían como responsable de un delito que no han cometido al ejercer sus derechos ciudadanos.
Ante este hecho absurdo de violación a los derechos consagrados en la constitución política y la incapacidad mostrada por el gobierno del estado, los afectados han acordado, con el acompañamiento de la CPE del PRD y diversas organizaciones que se han solidarizados con este grupo vulnerable en desgracia, empujar la vía legal. Por lo cual, ya se ha enviado una misiva del diputado federal Martí Batres solicitando a la procuraduría general atraer el caso hacia la fiscalía de atención a grupos vulnerables para su revisión y que se tomen las medidas cautelares correspondientes y, ante todo, se aplique la ley a quienes cometieron el delito de expulsión forzosa, despojo y violación de derechos de las 13 familias expulsadas.
No está demás exponer que la tardanza en la resolución de este asunto está tomando un tinte violento, por lo cual está presente el riesgo de desbordarse de los causes ortodoxos y la omisión del gobierno del estado lo convierte en responsable de cualquier suceso lamentable.