La Ley General para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno busca brindar atención y respuesta al fenómeno de la migración involuntaria o forzosa que viven miles de connacionales.
Comunicado...
El senador chiapaneco Zoé Robledo Aburto presentó en tribuna la Iniciativa de Decreto por la que se crea la Ley General para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, legislación que tiene como objeto atender este fenómeno sociodemográfico de manera integral, mediante la participación activa del gobierno en sus tres ámbitos de competencia así como de la sociedad civil y de las organizaciones internacionales.
Robledo destacó que el desplazamiento interno no es un problema nuevo, pero es un fenómeno para muchos “invisible” en nuestro país por lo cual urge dotar al Estado de mecanismos jurídicos que garanticen su adecuado y urgente tratamiento. Tal y como lo hizo en febrero de 2012 al presentar en Chiapas, en su calidad de diputado local de la LXIV Legislatura, la iniciativa de Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, que al ser aprobada fue aplaudida por activistas e integrantes del Programa Conjunto por una Cultura de Paz (PCCP) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Mediante el impulso de esta ley se busca brindar atención a este tipo de desplazamiento que tiene como principal característica el ser una migración involuntaria o forzosa de personas o grupo de personas generada por un temor fundado de una amenaza directa e inmediata a la vida, seguridad, libertad o bien porque han sido objeto de violaciones graves a sus derechos humanos.
El senador Robledo destacó que una de las bondades de esta iniciativa es que allana el trayecto jurídico en cuanto a que prevé no sólo la publicación de una Ley General sino, además, la creación de un Consejo Nacional para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, su correspondiente programa de operación y un Registro Nacional de Desplazados. Mecanismo a través del cual México tiene la posibilidad de abonar a modelos legales y jurídicos progresistas.
Finalmente, el senador por Chiapas insistió sobre la urgencia de aprobar una ley de esta naturaleza toda vez que es obligación y deber del Estado garantizar la protección humanitaria y el ejercicio de derechos a los mexicanos bajo toda circunstancia, aun las más apremiantes bajo estándares internacionales y reconocidos por distintas agencias de las Naciones Unidas.
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