Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente nacional, dijo que se requiere adecuar la legislación vigente, e incluso construir la Ley reglamentaria del párrafo tercero del Artículo 4° Constitucional que establece la obligación del Estado de garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, todo esto, en concordancia con la Ley General de Desarrollo Social.
El objetivo es garantizar la coordinación de todas las dependencias, gobiernos estatales y municipales, para destinar recursos y esfuerzos al objetivo prioritario del país.
En su opinión, se requiere una estrategia nacional de coordinación de las actividades de las diversas secretarías y de adaptación de las políticas sectoriales a la realización del derecho a la alimentación debería servir para evitar las incoherencias señaladas por las diferentes instancias de evaluación.
Además, de orientar las políticas de apoyo al sector agropecuario, reduciendo los beneficios a los agricultores ricos, para promover la producción de las pequeñas y medianas unidades productivas, con un uso eficiente de los recursos, en particular el agua y la energía. En ese sentido, hay que considerar la necesidad de fortalecer programas como el PESA, que ha demostrado capacidad de cambiar las condiciones de producción en zonas con alto rezago a agricultores con menos de 5 ha que suman 2.6 millones de unidades productivas.
De igual forma, sostuvo, es necesario destacar que esa reorientación de la política agropecuaria fortalecería a productores que por el rezago con el que se les ha obligado a trabajar hasta ahora, estarían en posibilidades de dar un fuerte impulso a la productividad y a la soberanía alimentaria, además de ofrecer mejores condiciones de sustentabilidad del uso de los recursos. Actualmente hay 32 millones de hectáreas abiertas al cultivo, pero sólo se aprovechan 23 millones.
Hay que destacar que las unidades de menos de 10 hectáreas generan 74.1% del empleo rural, mientras que las unidades con más de 100 hectáreas apenas emplean al 4.5% del empleo rural, agregó.
Finalmente, consideró necesario aplicar políticas públicas y las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica para regular los mercados, ello para acotar el poder de los monopolios, incluso mediante las sanciones establecidas en los artículos 253, 254 y 254 bis en el Código Penal, contra el comercio desleal, en la proveeduría de insumos, pero también en la distribución de productos
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