En opinión de estos, la “Cruzada nacional contra el hambre” es sólo una burla y pretende seguir repartiendo migajas a nuestras comunidades que viven en la pobreza, mientras se beneficia y entrega nuestros recursos a empresas extranjeras, a su vez que es parte de una estrategia de contrainsurgencia. Señalamos que no es casual que se haya escogido el municipio de Las Margaritas-una de las puertas a la Selva Lacandona y sus recursos- para su lanzamiento.
Por ello, alertaron de que nada bueno pueden esperar del nuevo gobierno federal ya que solo ha demostrado incapacidad, que gobierna para una minoría y para que empresas transnacionales se apoderen de las riquezas de nuestras tierras impulsando megaproyectos como la minería, represas, eólicas en beneficio del grupo Salinas, monocultivos, proyectos de gobierno con afán privatizador que solamente traerán despojo, contaminación de nuestras aguas y ríos y múltiples problemas de salud.
De igual forma, denunciaron que en los municipios de la región norte-selva, al igual que en otras regiones de Chiapas existe la amenaza de proyectos mineros y la construcción de una represa que amenaza nuestras tierras, ríos y cultivos. Teniendo como marco de preparación el fortalecimiento de grupos paramilitares, el rompimiento del tejido social y comunitario y el despojo de tierras ejidales y comunales mediante el Fondo Agraria para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR-antes PROCEDE).
Indiciaron que las autoridades lejos de atender las demandas y necesidades más sentidas de los pueblos han optado por impulsar reformas que atentan contra la población tales como la reforma laboral que deja sin derechos a millones de trabajadores, la privatización de PEMEX y la CFE, nuevos impuestos como el IVA en alimentos y medicinas, el despojo de tierras y el desconocimiento de la asamblea y los derechos colectivos mediante una iniciativa a la ley agraria que se cocina a espaldas de los ejidos y comunidades.
Por ello, pidieron el cese de la estrategia de despojo y abandono hacia las comunidades indígenas y campesinas del estado, y que se atiendan sus demandas y necesidades: tarifa justa de energía eléctrica acorde a las condiciones de pobreza de nuestro pueblo, salud y educación de calidad, vivienda digna, obras y caminos, apoyo para los cafetaleros, proyectos y programas de apoyo al campo para beneficio de las mujeres y hombres de las comunidades indígenas, respeto a nuestros derechos ejidales, comunales y pueblos indígenas, cese de la estrategia de división y confrontación de las comunidades ocasionada por el FANAR (antes PROCEDE) impulsada sobretodo por la procuraduría agraria.
Por otra parte, acusaron que la Comisión Federal de electricidad está generando una situación de confrontación (entre quienes estamos en resistencia y quienes pagan el servicio de la luz) y un problema de seguridad en la comunidad de Hidalgo Joshil, municipio de Tumbalá, ya que desde hace aproximadamente 15 días han iniciado el corte permanente de la comunidad a partir de las 7 de la noche, reanudando el servicio hasta el día siguiente a las 9 o 10 de la mañana.
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