martes, 2 de abril de 2013

Organizaciones campesinas abogan por libertad de Alberto Patishtán.



Silvano Bautista Ibarias.


La Coordinadora de Organizaciones Campesinas y Populares (COCyP –Chiapas), se pronunció por la urgente liberación del profesor indígena tzotzil, Alberto Patisthan Gómez quien desde hace trece años permanece recluido y que actualmente se encuentra privado de su libertad en el penal de San Cristóbal de las Casas.

Guillermo Pérez Hernández, dirigente estatal de al COCyP festejó el la postura de Amnistía Internacional instancia que mediante un documento dirigido a los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado Vigésimo de Circuito con el propósito de hacer de su conocimiento las preocupaciones de la organización con relación al caso del profesor indígena Alberto Patishtán.
En el documento en cuestión, este organismo internacional solicita que dicho tribunal debe decidir próximamente el recurso de reconocimiento de inocencia promovido por el indígena tzotzil.

De igual forma, lamentó que el pasado seis de marzo la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya rechazado el pedimento de revisión del caso de Alberto Patisthán y que haya decidido turnarlo al Colegiado de Circuito con sede en Chiapas.

Esta situación que pone en entre dicho a los ministros de la Corte, que si bien es cierto no fueron todos revela que para el caso Florece Casses (La Francesa)los magistrados hayan considerado vicios en el proceso de la inculpada, cuando a decir de diversos organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y del propio Alberto Patisthan se ha podido probar una y otra vez las irregularidades y los vicios de su proceso para mantenerlo recluido.

En su calidad de dirigente estatal de la COCyP dijo que los ministros de la SCJN dejaron ir de sus manos un caso que ameritaba que otorgaran el recurso de reconocimiento de inocencia y que ahora si bien es cierto el caso sigue dependiendo de la Corte por estar en manos por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito, también existe el temor que ocurra lo mismo, lo que necesariamente obligaría a la defensa y al promovente a recurrir el última instancia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), finalizó.

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