Prevalece Estado de derecho en Chiapas: Mirna Camacho.

*La presidenta de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura aseguró que el Código para el Uso Legítimo de la Fuerza Pública no violenta los derechos humanos
Comunicado...

Contar con un Código para el Uso Legítimo de la Fuerza Pública garantiza que las instituciones respeten un estricto protocolo de intervención ante los actos de violencia que puedan suscitarse en el estado de Chiapas y que representen un suceso de riesgo para la ciudadanía, afirmó la diputada Mirna Camacho Pedrero, presidenta de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura.

“Ejercer la libre manifestación, de ningún modo, ha sufrido alteración o se condiciona con este nuevo marco legal, pues el ordenamiento dentro de él no está contemplado coartar este derecho constitucional, también consagrado en los acuerdos internacionales, por lo que la aprobación de esta iniciativa por los diputados ha sido analizada a conciencia y el marco legal, respetando los derechos humanos de la ciudadanía”, manifestó la legisladora.

Explicó que para llegar a esta acción, en la ley también se establece que los funcionarios de las instituciones encargadas de la seguridad tienen la responsabilidad de agotar todos los medios de diálogo y no acciones violentas que estén a su alcance, y puedan ocasionar daños a terceros ni a los involucrados.

La presidenta del Congreso aseguró que las instancias responsables de esta tarea están obligadas a diseñar manuales e instructivos operativos y de evaluación, control y supervisión especializados relativos al uso legítimo de la fuerza, garantizando siempre los derechos humanos de toda persona.

Camacho Pedrero agregó que bajo ninguna causa, las fuerzas policiales podrán utilizar armas letales para la dispersión de los manifestantes, o permitir algún acto ilegal en el procedimiento que ejerzan los mandos policiales.

La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) subrayó que este marco normativo también se coadyuva y se genera certeza para los ciudadanos, ante la posible comisión de delitos y violencia en actos deliberados, por lo que el uso legítimo de la fuerza se limitará a actos razonados.