Al respecto, Joaquín Vela González, vocero de la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Economía Social, dijo que debido a las condiciones en las que operan millones de pequeños comerciantes y empresarios, existen problemas para llevar adecuadamente lo que se ha convertido en una contabilidad compleja.
Por ello, advirtió aplicar, por parte de las autoridades hacendarias, la norma general tributaria implicaría, en muchos casos, forzarlos a la informalidad cuya tasa de acuerdo con el INEGI es de 58.42% de la población ocupada en el tercer mes de este año, en tanto que en igual mes de un año antes se estableció en 58.03 por ciento.
“La tasa de ocupación en el sector informal representó 28.11% de la población ocupada en el mes de marzo; en este mes de 2013 fue de 28.64 por ciento, lo que representa que va en aumento y con la aplicación del Régimen de Incorporación Fiscal esta tasa repuntará”, alertó Joaquín Vela González.
Explicó que estos son negocios pequeños debido a las restricciones que enfrentan para obtener financiamiento. Además, lo limitado de sus ingresos, en muchos casos sólo les permite emplear a integrantes de sus propias familias, de modo que el negocio es prácticamente de autosuficiencia.
También hay que considerar que un alto porcentaje de REPECOS, tiene un importante efecto social, porque contribuyen a la distribución de bienes y servicios en zonas marginales, argumentó.
El dirigente de la Coordinadora recordó que la petición antes citada al SAT surge del punto de acuerdo presentado por la Diputada Federal, Alliet Mariana Bautista Bravo, con el fin de que la Comisión Permanente exhorte al Servicio de Administración Tributaria a revisar la eficacia de las respuestas para atender la problemática que presentan los Pequeños Contribuyentes.
Comentó que la legisladora apuntó que si no se da una atención adecuada al sector de los pequeños contribuyentes, se corre el riesgo de alejarlos de la posibilidad de operar formalmente.
Por lo tanto, recordó que la experiencia ha demostrado que el tránsito de la informalidad a la formalidad pasa por la generación de confianza, la inducción de actitudes positivas y de beneficios reales en materia de calidad y costo de los servicios públicos para los contribuyentes.
Aclaró que sólo una política con ese tipo de tácticas, permitirá captar a esos millones de contribuyentes que están dispuestos a contribuir, a aportar impuestos en la medida de sus posibilidades y a apoyar el ordenamiento y desarrollo de nuestra economía.
Joaquín Vela González, vocero de la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Economía Social, recordó que los 16 juzgados federales especializados en materia administrativa que están habilitados en el Distrito Federal, trabajan a marchas forzadas desde hace tres meses para resolver cuatro temas claves de la reforma fiscal aprobada este año, la cual fue impugnada por la vía de amparo por unas 7 mil personas físicas y morales.
De ahí que el mes pasado hayan acudido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de solicitarle al Máximo Tribunal de la Nación atraiga los amparos y decida al respecto, concluyó.
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