El Congreso Agrario Permanente acordó en su Convención de Organizaciones del CAP, solicitar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que el sector campesino tenga un representante en la CONASAMI, pues en el campo mexicano existen 6.1 millones de trabajadores en el ámbito de la agricultura de subsistencia y todas estas personas realizan sus actividades económicas en un contexto en el que no pueden invocar, a su favor, el marco legal o institucional para proteger sus derechos laborales.
Incluso, aseguró el dirigente del CAP, Luis Gómez Garay, desde hace varios años en el tabulador de salarios mínimos y profesionales de la CONASAMI desapareció el trabajo agrícola y únicamente mantienen el de operador de maquinaria agrícola quien obtiene un salario diario de 98.61 pesos para la zona “A” y 93.62 pesos diarios en la zona “B”; igualmente se tiene el salario mínimo profesional para el vaquero ordeñador con un ingreso diario de 85.05 y 80.23 peso.
Luis Gómez Garay dijo que las 12 organizaciones campesinas agrupadas en el CAP acordaron solicitar sea incluido un salario mínimo para trabajador agrícola pues actualmente estos trabajadores prestan sus servicios en los campos agrícolas de Sinaloa, Noroeste de Sonora, Mexicali, principalmente, con un ingreso que va de 120.00 a 150.00 pesos diarios por una jornada de 10 horas mínimo sin seguro social ni prestaciones sociales.
Precisó el dirigente del CAP que igualmente el seguro de desempleo propuesto por el Ejecutivo y que se dictaminó a favor en la Cámara de Diputados únicamente otorgará este derecho a los trabajadores inscritos en el IMSS. Solamente 16.6 millones de trabajadores de un total de 52.2 millones tendrán la posibilidad de disfrutar del seguro de desempleo si cumplen los requisitos diferenciados por el tipo de contratación.
Se ha documentado ampliamente que en México la ocupación es heterogénea y, por tanto, de distinta calidad. De la PEA ocupada solamente 20.3 millones (40.9%) se encuentran en el mercado formal (protegidos por una relación contractual y gozan de las prestaciones de ley) y 29.3 millones (59.1%) se encuentran bajo condiciones de informalidad (subordinados sin contrato o prestaciones, cuentapropistas, empleadores no regularizados y trabajadores no remunerados) ubicados tanto en el ámbito urbano como en el rural, dijo.
Destacó el Coordinador General del Congreso Agrario Permanente que la pérdida del poder adquisitivo del salario es del 80% y con los ingresos mínimos de los jornaleros sólo pueden adquirir el 40% de la canasta básica indispensable alimentaria, por ello es urgente que los trabajadores agrícolas tengan un salario mínimo profesional y sean inscritos al IMSS así como su familia, pues incluso en los campos agrícolas lo acompañan a las labores los hijos “menores de edad” y la esposa.
Otro acuerdo tomado en la convención, informó Luis Gómez Garay es llevar a cabo la Convención Nacional Campesina e Indígena para el 12 de octubre próximo y un día después un encuentro de mujeres campesinas e indígenas.
Asimismo se comprometieron a llevar a cabo el proceso de recolección de firmas para la consulta popular contra la Reforma Energética.
También insistir en que el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong convoque a la brevedad la reinstalación de las mesas de diálogo para la Reforma para el Campo y que asistan todas las Secretarías de Estado que tienen participación en el ámbito rural.
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