Silvano Bautista Ibarias.
Que se joda Tuxtla. Ese parece ser lo que piensa la clase política referente a la actual situación de caos, desorden y desmadre social que vive la capital chiapaneca. No. A ellos les vale madres que la gente este al borde de la histeria, que vivan al ritmo de los claxons, de las mentadas de madre, de aguantar sol y pasar hasta dos horas encerrados en su auto para llegar a su destino.
Sería bueno que la clase política se diera una vuelta por los libramientos en las llamadas “horas pico”; o por el boulevard “Belisario Domínguez” a cualquier hora y se darán cuenta que atravesar la ciudad de oriente y poniente les puede llevar hasta dos horas, pero eso a ello parece no importarles y por eso seguramente pensarán “que se joda Tuxtla”.
El daño colateral…
Y es que Tuxtla Gutiérrez es una ciudad sitiada por las obras. La falta de caminos alternos que permitieran atravesar la ciudad capital, terminó generando terribles embotellamientos, que alteraron el ritmo de vida de la población, ocasionando daños sociales, económicos, ambientales y emocionales, que son difíciles de cuantificar.
Las obras llevan ya varios meses y aunque se lograran concluir en un corto plazo, el daño que se ocasionó, en algunos casos a la población, pueden ser de consecuencia irreversible.
El caos vial que se vive en la ciudad resquebrajó el orden y las normas. La ciudad, sin que nos diéramos cuenta, perdió convivencia comunitaria y alteró los ritmos y los tiempos de las personas. Ante la urgencia y la necesidad de cumplir con los compromisos y con el fin de llegar a tiempo al trabajo, a la escuela o a distintas citas, muchos automovilistas empezaron a violar con recurrencia la ley y distintas normas de convivencia: se pasan los semáforos; dan vuelta en lugares prohibidos; circulan en calles con sentido contrario; no respetan el orden y las filas; avientan los carros con el fin de ganar unos metros; el número de choques y de accidentes automovilísticos han aumentado.
Este resquebrajamiento de la norma no se va a subsanar al día siguiente de la conclusión de las obras, pues violar la ley se volvió una costumbre, además de que se estimuló la actitud de sacar ventaja bajo cualquier circunstancia.
Son cientos de negocios que han quebrado por culpa de las obras. Muchas familias no sólo perdieron su capital sino que se quedaron con deudas. En esta perspectiva, las posibilidades de recuperarse económicamente a la conclusión de las obras son mínimas.
Junto a la quiebra de negocios, se produjo que muchas accesorias en las avenidas se dejaran de rentar, afectando con ello el alquiler inmobiliario.
El ruido y la contaminación ambiental, creció con los embotellamientos. El hecho de avanzar lentamente o de quedarse parado con el carro en marcha y el aire acondicionado encendido, implica un mayor consumo de gasolina y un incremento en la carburación vehicular.
El tráfico vehicular impacta directamente en el carácter y comportamiento de las personas. La agresividad y la violencia se desarrollan sin que nos demos cuenta. Lo grave es que esa violencia callejera se traslada al hogar y repercute en las relaciones con la familia. Los hijos y la pareja no quedan exentos de sufrir las agresiones generadas por el desquiciamiento y caos vial.
La descomposición y el daño que sufre la sociedad, no está cuantificadas en los proyectos de obra. Y peor aún, se ignoran la existencia de estos daños colaterales.
Aquí como en otros casos de violación a los derechos humanos, la reparación del daño no está contemplada y las autoridades desconocen esta situación, que desafortunadamente influyen en la afectación de la vida comunitaria y generan neurosis colectivas. De manera silenciosa, emocionalmente nos vamos deteriorando y simultáneamente se afecta la relación de las personas y los contextos sociales.
Sin duda la realización de las obras podrán concluir en cualquier momento, pero el deterioro social, económico, ambiental y emocional que generaron se continuará reproduciendo en la comunidad y seguirá afectando el ritmo de nuestra vida.
Auditoria para el alcalde de Simojovel….
Ante la crisis social que se vive en la tierra del Ambar ciudadanos urgieron al Congreso del Estado como al Órgano de Fiscalización Superior dependiente del poder legislativo su intervención oportuna y se realicen las acciones pertinentes que permitan conocer con prontitud el manejo y el destino de los recursos públicos, así lo hicieron saber José Domingo Pérez Hernández, representante del Movimiento del Pueblo para el Pueblo, así como Francisco Alberto Díaz Hernández, regidor y dirigente de la CNC democrática en dicho municipio.
Los quejosos en entrevista para esta casa editorial dijeron que es necesario que se vuelva la paz y la tranquilidad social a esté municipio propiciada lamentablemente por el edil,Javier Hernández Guzmán, de filiación priísta quien solo resalta por el incumplimiento a las acciones y obras de su gobierno, así como del manejo descarado de los proyectos y beneficios sociales y como ejemplo citaron que recientemente tanto católicos como protestantes han realizado protestas contra el edil quien solo es un títere de los hermanos Ramiro y Juan Gómez quienes ya fueron presidentes municipales de Simojovel de Allende y que ahora son prósperos constructores, quienes precisamente dejaron la administración publica en números rojos en agravio de los habitantes.
“Por lo que diversos sectores del municipio pedimos justicia y la aplicación de la Ley en contra de estos que se han enriquecido a costa de la pobreza, con el dinero del pueblo, y quienes compaginan o comparten sus ideas y aun peor si lo critican recibimos todo tipo de represalias que van desde quedar fuera de los apoyos hasta las amenazas de encarcelamiento y muerte”, señaló José Domingo Pérez Hernández.
Es por eso mencionaron que debido que debido a todas estas aberraciones y la forma tan mala de gobernar ya que en este municipio hay una total inseguridad aunada a la proliferación de cantinas que van de la mano con el incremento a la prostitución tan desmedida y sin ningún control sanitario y el edil es uno de los encubridores y permisionarios, alrededor de 5 organizaciones sociales y campesinas como la CNC, CIOAC Izquierda, LUMALTIK, UNIOTIK y la UCD, todas con mayor presencia en nuestro municipio que nos hemos organizado, para buscar la justicia a nuestro propio pueblo transparentar la justicia en el propio municipio.
“Como representantes de la sociedad tenemos la obligación moral de denunciar la mala administración que está llevando a cabo el presidente municipal, Javier Hernández Guzmán, ya que con su forma de mal conducir la administración municipal hoy a provocado una gran inconformidad en todos los sectores sociales del municipio, inconformidades que se basan principalmente en los compromisos no cumplidos, engaños, inseguridad en el municipio producto mismo de la corrupción que hay dentro del ayuntamiento, donde se ha proliferado la drogadicción, la prostitución, proliferación de cantinas y antros protegidos por el propio alcalde”, sentenció, Francisco Alberto Díaz Hernández.
Los quejosos denunciaron que existe un descontento total de las comunidades, debido a que el alcalde desvió los recursos destinados para obras y beneficios sociales pero el edil de forma aberrante solo atiende a sus grupos allegados a el no respetando los acuerdos de las comunidades en las obras de priorización como se ha llevado acabo con las comunidades y el ayuntamiento donde se lleva un rol para que se puedan beneficiar cada que le toque a la comunidad o barrio pero solo apoyado a su grupos y ahora en el 2014, en el poblado Juan Sabines, los Cacaos, Cantón Santa Teresa, San Antonio el Naranjal entre otras donde están aplicando el programa de vivienda y deja fuera la priorización que hizo la asamblea beneficia a un pequeño grupo dejando fuera a la mayoría.
“Y a pesar de que hemos buscado Alternativas en diferentes reuniones el presidente municipal hace caso omiso a las peticiones y en consecuencia hemos solicitado al órgano de fiscalización una auditoria para el ejercicio 2013-2014, pero no hemos tenido respuesta por parte del órgano ni del congreso del estado, y esperamos lo haga a la brevedad porque ha habido un total desequilibrio en este asunto en la malversación de fondos.
Como proyectos en obras ya hechas como por ejemplo en el Barrio Benito Quezada hay duplicidad de obra, en el Barrio la Ceiba existía la construcción de un puente hay duplicidad de esta obra y presupuesto, así también está contaminando como en el caso de Maravillas, donde está construyendo drenaje por etapa poniendo en riesgo la salud pública de los habitantes y además está traicionando al presidente de la república Enrique Peña Nieto, ya que no está siguiendo las reglas dentro de la cruzada nacional contra el hambre es por ello que las autoridades competentes y los legisladores deben de actuar ya que se viene un gran movimiento social en nuestro municipio.
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