La Coordinadora Nacional Plan de Ayala, que encabeza José Narro Céspedes advirtió que ante el evidente fracaso de la estrategia de “seguridad” que ha impuesto el gobierno federal en el estado de Guerrero, consideró que se deben suspender los procesos electorales en la entidad hasta contar con las garantías mínimas para la sociedad, se pronunció por un nuevo constituyente que permita conformar un proceso de reconstruya el tejido social y por la falta de integridad de los cuerpos de seguridad para la población es muy importante la existencia de la Policía Comunitaria en el estado.
La Coordinadora Nacional Plan de Ayala manifestó su más profundo rechazo a la actitud represora y de atropello a los derechos humanos y políticos que elementos del Ejército Federal acantonados en Guerrero cometieron contra de integrantes de la CNPA en la entidad
Denunciamos que, en el marco del “1er Encuentro Regional de la CNPA” llevado a cabo en el estado de Guerrero, se registró una movilización para evitar la detención de Eliseo Villar Castillo, dirigentes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), bajo el supuesto de portación ilegal de un arma calibre .380, registrada a su nombre.
“Nos indigna el modo en que se despilfarran recursos con la finalidad de infundir terror en la población e intentar controlar a través del miedo a la sociedad guerrerense prisionera entre el autoritaritarismo y la oleada de violencia que azota a todo el Estado y el País”.
Denunció la CNPA que los diferentes niveles de gobierno, se encuentran vinculados a la delincuencia organizada, sobre todo los organismos responsables de proporcionar seguridad y el respeto a los derechos humanos de la población.
Tan es así, que cuestionó, ¿por qué la inteligencia y fuerza pública no es tan eficaz para detener a los integrantes y cabecillas del crimen organizado? ¿Por qué si hay operativos como el de Ayotzinapa donde perdieron la vida 43 estudiantes y se persigue a los dirigentes sociales?
El 94% de la producción de amapola en el país, se realiza en este mismo Estado, principalmente en Iguala, lo que justifica la presencia de grupos delictivos, mientras que el ejército no aplica el control de la seguridad para la población.
Es evidente el fracaso de la estrategia de “seguridad” que ha impuesto este gobierno, enciende los focos rojos de una sociedad inmersa en una profunda crisis económica, que ligada a la carencia de legitimidad nos deja al desamparo y sin certeza jurídica alguna.
Avalamos, los integrantes de la CNPA, plenamente la dirección de los Consejos Municipales Autónomos puesto que consideramos que no se puede pensar en elecciones sin garantías sociales básicas, además de toda la grave problemática descubierta tras la desaparición forzada de los cuarenta y tres normalistas.
Consideramos que se deben suspender los procesos electorales hasta contar con las garantías mínimas para la sociedad. Un nuevo constituyente que permitirá conformar un proceso de reconstruya el tejido social, aspirando a alcanzar la democracia verdadera lo antes posible.
Relataron integrantes de la CNPA en Guerrero que al concluir los trabajos del “1er Encuentro Regional de la CNPA” y regresar con destino a su comunidad en Juchitán, Guerrero, fueron detenidos en el paraje conocido como Kilometro 21, donde se encontraron con un retén del ejército en el que son sometidos a una revisión y es detenido nuestro compañero.
El ejército informó que lo presentarían ante la PGR, sin embargo lo llevaron hacia una gasolinera en donde se detuvieron por espacio de media hora. Ahí se dio alcance al vehículo militar y al preguntar por la situación de nuestro compañero, se arrancaron sin darnos respuesta alguna. Volvieron al retén de km. 21 donde se congregaron alrededor de 70 compañeros para exigir explicaciones sobre la actuación de los elementos castrenses.
Ahí permanecieron durante aproximadamente 3 horas. Debido a que Eliseo Villar Castillo no aceptó su traslado a la PGR, por la desconfianza después del anterior suceso, pues se consideró como un intento de desaparición forzada.
En la Sub-delegación 16 de la Procuraduría General de la República ubicada en Acapulco, tras varias horas de espera se informó que estaba acusado de un delito no grave, portación ilegal de un arma de fuego, pero que tras presentar el registro del arma; sería liberado bajo fianza tras pagar una multa de 7,000 pesos.
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