jueves, 8 de marzo de 2012
Mujeres de organizaciones sociales y campesinas marchan en la capital chiapaneca.
Silvano Bautista Ibarias.
El Movimiento Amplio de Mujeres en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, marchó por una de las principales calles de Managua, demandando independencia, igualdad de derechos y justicia.
Luisa Molina, en representación de la Coordinadora Civil, desatacó que los avances, en materia de los derechos de las mujeres, son producto de una ardua lucha histórica, no de las dádivas, ni la benevolencia del gobierno de turno que últimamente aprueba leyes como parte de su plataforma propagandista, “cuando lo que se necesitan son cambios o reformas a la leyes, consensuadas y en profundidad”, enfatiza Molina.
En tanto, la doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, compartió esa consideración y mencionó que "los derechos de las mujeres no son negociables".
“Nos quieren hacer creer que están impulsando cambios y oportunidades a través de leyes, cuando lo que tratan de hacer es instrumentalizar a las mujeres y llenar plazas. El llamado a la mujer nicaragüense es que sigamos luchando, este debe ser un día para reafirmar nuestra lucha”, dijo la doctora Núñez que denominó como “cortina de engaño” a la reforma de la Ley 40 de municipios que da un aparente equilibrio de género en las municipalidades, cuando en realidad crea un nuevo mecanismo de control para los partidos políticos.
Luz Marina Tórrez, en representación de la directiva de la Red de Mujeres contra la Violencia, demandó al Estado la firma del protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, CEDAW, y están dando seguimiento a la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, que en sí no es suficiente, sino que está la necesidad de concienciar a la población y a los operadores de justicia.
El Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico, realizó un plantón frente a la Corte Suprema de Justicia y después de seis años de no recibir respuesta, interpusieron un nuevo Recurso por Inconstitucionalidad a la reforma al Código Panal y la penalización de aborto terapéutico.
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