Venganza política del IFE en contra de los partidos de izquierda.

Silvano Bautista Ibarias.

Aun cuando en estos momentos se encuentra en suspenso la discusión de la multa que ordenó el IFE a los partidos que integraron el Movimiento Progresista, por el supuesto rebase al tope de gasto de campaña en la pasada elección presidencial, no deja de ser una venganza política orquestada desde el poder, que pone en riesgo la credibilidad de las instituciones electorales del país, señaló la diputada local del Partido del Trabajo, Sonia Catalina Álvarez.

Este hecho, constituye un atropello a los partidos políticos de la izquierda, reiteró la legisladora petista al exponer su inconformidad en contra del resultado emitido por la Unidad de Fiscalización del IFE. En su opinión, es una decisión que deja mucho que pensar en la actuación del consejero presidente Leonardo Valdés, pues aquí está en riesgo el prestigio y credibilidad de una institución que ha servido de árbitro para nombrar a los representantes populares en México.

Ante esta situación, el PT por acuerdo nacional, ha decidido impugnar esta resolución del IFE, por considerar que está actuando de manera omisa y facciosa utilizando argucias técnico-contables contra los partidos PRD, PT y Movimiento Ciudadano.

Por ello, dijo que este tema es una cuestión de venganza política, pues al parecer el fondo del asunto es establecer una "cortina de humo" al tratar de hacer aparecer culpable a López Obrador para disfrazar la posible privatización de PEMEX y el IVA que se pretende aplicar en alimentos y medicinas.

De igual forma, insistió también en que "la resolución del IFE es una falta de respeto a la inteligencia de todos los mexicanos”, y tratan de esconder el gran despilfarro que hizo el PRI-Gobierno a lo largo de la campaña presidencial.

El actuar del IFE es una verdadera desvergüenza y adelantó que su partido impugnará esa pretensión de aplicar la sanción de más de 129 millones de pesos a los partidos del movimiento progresista, pero además, la diputada local, no descartó la posibilidad de un debate político para remover a los consejeros que integran el órgano electoral.