La justicia mexicana en entredicho con el caso Florence Cassez, considera diputada del PT.

Silvano Bautista Ibarias.

El tema de la francesa Florence Cassez, es un caso muy fuerte que está viviendo la justicia mexicana y que su actuar, lo pone entre dicho, pero además, nos deja en la incertidumbre de pensar sobre la presunta inocencia o culpabilidad, expresó la
diputada del Partido del Trabajo, Sonia Catalina Álvarez.

En el escenario social, el tema de la francesa queda de pronto como un asunto resuelto a través de una negociación política y, en este sentido, las organizaciones, grupos ya constituidos, dependientes y particulares, ahora están alzando la voz para pedir la liberación de presos que hasta el momento no tienen un juicio definido y que no se ha demostrado su culpabilidad.

Por ello, el Partido del Trabajo retoma el tema de este caso resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo considera un tema en el que prácticamente no se queda bien con nadie, y aunque este tipo de omisiones legales se dan en todos los tribunales del mundo, lo cierto es que a México lo deja mal parado en el exterior, dijo la legisladora local.

Por ello, y luego de que algunas voces empiezan a levantarse, es necesario que el tema lo retomen las instancias correspondientes tanto a nivel nacional como local y revisar a fondo todos los casos que pueden estar presentes, de lo contrario, el sistema judicial mexicano será terriblemente cuestionado y estará en duda la credibilidad de las instituciones que ya de por si está debilitada ante los ojos de la sociedad.

Catalina Álvarez, dijo que nuestro país en materia de procuración de justicia, está dando una imagen de corrupción al exterior y de impunidad al interior, pues los familiares de presos en México que no se ha demostrado su culpabilidad, están viendo que el beneficio lo reciben externos a través de una negociación política, situación que lo consideró como grave, pues existen temas menores que los que se le imputaron a Florence Cassez que deben ser atendidos.

Por último, se refirió a la remoción Florencio Madariaga Granados, como titular del Consejo Estatal de los Derechos Humanos en Chiapas, que se hizo mediante un acuerdo de consejeros, la cual la calificó como acción sana que dará tranquilidad a la sociedad chiapaneca, pues para nadie era desconocida la función que esta persona había desempeñado y que ahora estuviera al frente de la defensa de los derechos humanos, sin cumplir con los requisitos que marca la ley, concluyó.