El Frente Auténtico del Campo condicionó su participación, el próximo 5 de marzo en el encuentro con el Presidente Enrique Peña Nieto sobre un acuerdo para iniciar el diálogo rumbo a la Reforma para el Campo, a que la propuesta legislativa no incluya la privatización de la tierra ejidal y se incorporen a la discusión 10 puntos básicos para reactivar el agro nacional.
En conferencia de prensa, las seis organizaciones campesinas que integran el FAC fueron contundentes al señalar que como Frente ya han presentado una propuesta para reformar el campo al Gobierno Federal pero éste no ha proporcionado la suya por lo que advirtieron que “no iremos a una simulación, ni aceptaremos imposiciones”.
Luego presentar la propuesta de 10 puntos básicos para iniciar la discusión sobre la Reforma para el Campo a través de una Carta Abierta dirigida al Presidente Enrique Peña Nieto, José Narro Céspedes, habló de tres prioridades: no a la privatización de la propiedad social, protección a los derechos comunales sobre el agua y la tierra, así como reorientación del presupuesto al campo y regulación del mercado agropecuario.
En esta reforma, dijo, es necesaria la participación de los académicos para que haya una visión más amplia de la problemática del sector y las soluciones viables que permitan la productividad.
Por su parte, Laura Santiago, representante de CIOAC dijo que si es necesario se peleará porque no haya imposición y en caso de que ésta situación se presente “tenemos las calles para manifestarnos y haremos uso de las alianzas legislativas”.
En tanto, Alvaro López Ríos, líder de la Unión Nacional de Trabajadores, declaró que las condicionantes para participar en este diálogo con el Gobierno Federal, por parte del FAC se basa en una propuesta concreta de 10 puntos pero además del deseo de no permitir imposiciones del Gobierno Federal y de “su cartel legislativo”.
Lo anterior debido a que, explicó se busca involucrar esta reforma en las reformas secundarias de la Reforma Energética, específicamente en su artículo octavo transitorio mismo que violenta los derechos ejidales”.
Advirtió que “si quiere imponer –el Gobierno Federal- que lo haga, si quiere atropellar, que lo intente, pero el único fenómeno que generará serán las autodefensas y no por la seguridad como sucede en Guerrero y Michoacán, sino por la defensa a favor del ejido y la comunidad…
Por ello el Gobierno puede hacer lo que quiera junto con el Legislativo pero advertimos que si el diálogo no busca consensos, estamos en condiciones de la legítima defensa del patrimonio ejidal y comunal”.
No hay que olvidar, recordó Álvaro López Rios, que la Revolución de 1910 fue por problema de concentración de la tierra y atropellos…Actualmente la gente, en el medio rural, ya no se atemoriza con la presencia del Ejército Mexicano sin embargo esto no lo ve el Gobierno Federal de ahí que no iremos al diálogo si pretenden engañarnos”.
Cabe mencionar que en la Carta enviada al Jefe del Ejecutivo Federal, el Frente Auténtico del Campo propone 10 criterios para incluir en la discusión para la Reforma al Campo.
Plantea que sea un Acuerdo Nacional Alimentario; que se promulgue un Decreto para constituir, mediante la unificación de Liconsa y Diconsa una empresa pública que regule el mercado agroalimentario, particularmente en el acopio, comercialización y venta al menudeo.
Otro Decreto que propone el FAC es constituir el Sistema Nacional de Compras Públicas, también un Decreto para la reducción de costos de producción a través de un Programa Nacional de Adquisición y Compra de Semillas, Energéticos y el conjunto de paquetes tecnológicos a precios competitivos.
Otro Decreto es integrar en la Financiera Nacional todos los fondos, fideicomisos, mandatos y programas de garantías, de seguros, de coberturas, de capital de riesgo, de financiamiento y de servicios de capacitación para el manejo eficiente del crédito.
También se propone una nueva estrategia nacional para el cuidado, ahorro y uso eficiente del agua así como constituir las empresas que serán responsables de producir y comercializar semillas y fertilizantes. Igualmente se busca una dependencia pública dedicada a la capacitación, investigación y extensinismo.
Finamente propone la promulgación de una Carta de Derechos y Deberes que garanticen el cumplimiento de todas las personas físicas y morales que recibieron concesiones de explotación minera, energética, hídricos y forestales, además solicitaron que las mesas de discusión sea encabezadas por la UNAM, IPN y Chapingo.
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