Representantes de diferentes organizaciones promotoras y defensoras de derechos humanos de la región sureste del país alertaron de los riesgos que enfrentan a nivel nacional los defensores y defensoras de derechos humanos, por lo que anunciaron la puesta en marcha de la campaña “Defendamos la esperanza”.
Y es que señalaron que del 2010 a la fecha en México se han registrado 80 casos de agresiones a defensores de los derechos humanos mismos que van desde la difamación, encarcelamiento, intimidación y hasta el asesinato por lo que señalaron la necesidad de que el Estado garantice las condiciones necesarias para el desempeño de sus actividades en el país.
Michael Chamberlain, de la Iniciativa para la Defensa e Inclusión de los DH; Veronica Munir, del Comité de DH “Betty Cariño, de Veracruz; Emma Villalba de Servicios para la Paz y Justicia de Tabasco (Serpatab) e Ivonne Piedras, de la Red Nacional de Organismos Civiles de los DH “Todos los derechos para todos y todas”, señalaron que los activistas en DH han sido estigmatizados y se les ve como enemigos de las autoridades.
Lamento, que al paso de los años y de las administraciones de gobierno siga prevaleciendo esta visión hacia los defensores de los DH como opositores políticos de las autoridades, cuando no es así.
Ahí mismo, alertaron además el riesgo que representa la delincuencia organizada para estos en algunas regiones de Veracruz.
En este sentido, reconocieron que si bien en algunas regiones de Veracruz ha disminuido la violencia a causa del crimen organizado, se ha registrado un incremento en la violación de los derechos humanos por parte de la Marina y Armada de México, principalmente entre la población joven por el simple hecho de ser joven.
Durante la conferencia de prensa que ofrecieron en la capital chiapaneca, destacaron además la embestida en contra de los defensores de derechos humanos y organizaciones sociales que han emprendido una lucha por hacer valido el derecho a la energía eléctrica y que esto se ha traducido en demandas y averiguaciones previas por el supuesto delito de robo de energía eléctrica.
Mientras, agregaron, en Tabasco existe una violación sistemática a los derechos humanos de la población ante las constantes inundaciones que se dan sin que hasta el momento autoridad alguna haya sido capaz de implementar las medidas necesarias para que cesen este tipo de afectaciones.
Finalmente, al referirse al caso de Chiapas lamentaron que el Consejo Estatal de Derechos Humanos haya perdido el rumbo por diferencias internas, que se haya olvidado de asumir su verdadero papel, que se haya vuelto obsoleto. Sin embargo, negaron que éste tenga que desaparecer, pero que si es necesario funcione con otras condiciones, con un nuevo enfoque que garantice la defensa de los derechos humanos de los chiapanecos.
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