El agua es un derecho humano fundamental y no una mercancía y por lo tanto es necesaria su defensa para que siga siendo así, aseguró Carlos Alvarado Pereyra, dirigente del Frente de Organizaciones Sociales Independientes de Chiapas (FOSICH), quien sostuvo que las organizaciones sociales y campesinas impulsan esta idea.
Como campesinos, reafirmamos el concepto del acceso al agua y su declaración como derecho humano fundamental. A la vez queremos reafirmar la no incorporación del tema del agua en las discusiones del Organización Mundial del Comercio (OMC) lo que significa la tipificación de este bien como mercancía, fundamentalmente, por parte de los países industrializados, y por último queremos defender la soberanía de los pueblos y de las naciones en materia del agua, sostuvo.
Dijo, que entre estas, existe preocupación porque pareciera a nivel nacional se avanza en la idea de ver el agua como un producto y no como un derecho, idea que es impulsada por un consorcio de corporaciones multinacionales, lo que carece totalmente de sentido y contraviene la soberanía de las naciones.
Consideró, que este reclamo no tiene nada de extremo o de radical, es decir reivindicar el agua como derecho humano, establecer que no es mercancía y, en base a eso, formular la necesidad de organismos o instancias multinacionales que la traten en un ámbito en el que el beneficio económico no sea el objetivo, no puede ser tomada como algo radical pues ningún país tiene que abandonar sus principios para apoyar esto.
Alvarado Pereyra, dijo que no se puede perder más tiempo, que es la hora de la sociedad civil, es la hora de escuchar y construir desde la ciudadanía y para la ciudadanía, debemos avanzar hacia una mayor justicia social y ambiental en el agua. Las organizaciones sociales, ambientales, ONG, sindicatos, han reclamado durante años el reconocimiento del acceso universal a una fuente segura de agua y al saneamiento como derecho humano, implementado con gestión pública, participacióny control social.
Sin embargo, concluyo esta propuesta ha sido bloqueada repetidamente por poderes económicos internacionales, especialmente, por aquellos países que trabajan para los intereses de las principales empresas transnacionales del agua.
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