Silvano Bautista Ibarias.
Activistas en contra de la actividad minera en el municipio de Chicomuselo, en la zona sierra de la entidad, denunciaron el reinicio de las actividades de este tipo ya que el pasado domingo 19 de enero por la noche, arribaron a la cabecera municipal seis camiones de doble remolque, para luego dirigirse al Ejido Santa María.
Al día de hoy, indican, dos de ellos han salido cargados de barita, pero para no provocar reacciones de protesta de la población evitan pasar por la calle de la cabecera municipal de Chicomuselo donde Mariano Abarca Roblero había mantenido clausurado el paso a la empresa Blackfire en el año 2009 que culminó con su asesinato.
Sin embargo, ante el paso molesto de los grandes camiones frente a la plaza central de la cabecera municipal, el presidente municipal pretende derribar un árbol con el fin de que los camiones llenos de material puedan doblar en otra esquina, pero cuyo propietario se niega a ello”,
Todo ello, fue denunciado por Gustavo Castro Soto, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), quien explicó que “al parecer las empresas mineras buscan otras estrategias para sacar los minerales. Esa estrategia consiste en fomentar las cooperativas mineras y convertirse así en coyotes mineros. Sólo llegarán entonces con intermediarios a comprar, en este caso, la barita del municipio”.
Indicó, que para el caso del Ejido Santa María de Chicomuselo, donde treinta miembros de la comunidad, el mínimo de socios requeridos por ley, entre ellas 12 mujeres, decidieron conformar la Agrupación Minera Santa María de Chicomuselo, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, el 24 de noviembre de 2011 con sede oficial en la Casa Ejidal, aportando mil pesos cada miembro a dicha cooperativa, según su acta constitutiva.
Con la oposición de muy pocos ejidatarios a la actividad minera y que han sido hostigados por el resto de los miembros del ejido, los socios de la Cooperativa establecieron en su estatuto el Poder Especial Irrevocable y exclusivo para la comercialización otorgado a la ONG denominada Coordinadora de Fuerzas Campesinas de Chiapas, A.C., bajo la representación del C. Oscar Jesús Hidalgo Ruiz.
Este Modelo Extractivo Minero se pretende implementar con mentiras, engaños, falsas promesas, con pobreza, degradación ambiental, contaminación y violación a los derechos humanos donde los gobiernos estatales siempre han estado coludidos apoyando este tipo de actividad extractiva, abundó.
Por ello, en Chicomuselo y en la región de la Sierra siguen acechando los intereses por extraer oro, plata, plomo, cobre, barita, magnetita, titanio, entre otros minerales a costa de los pueblos. Las resistencias en la región siguen aumentando así como en todos los rincones del país con el fin de liberar los territorios de los megaproyectos, entre ellos las concesiones mineras, sostuvo.
Castro Soto, dijo que en el contexto de la Reforma Energética que acarrea modificaciones a la ley agraria, de amparo, de bienes nacionales, de expropiación, entre otras, en el marco de Tratado TransPacífico, los proyectos extractivistas se acentuarán en Chiapas para despojar a los pueblos de sus territorios.
Efectivamente, como se ha pronunciado el Movimiento Mexicano de Alternativa a las Afectaciones Ambientales y al Cambio Climático (MOVIAC), esta Reforma es un “Crimen de Estado” que pretende despojar a los pueblos de sus medios de sustento y elementales derechos humanos. Y hacemos eco de su llamado a la insurrección social nacional para defender nuestras tierras y los derechos humanos fortaleciendo las resistencias, generando alternativas de vida digna”, finalizó.
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