Eleazar Domínguez Torres
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 15 ABR.-Por lo menos una veintena de familias desplazadas de la comunidad Chigtón del municipio de Ixtapa, representados por Agustín de Jesús Pérez Gómez urgieron al gobierno del estado de Chiapas, resolver de manera definitiva el desplazamiento forzado tras el cual fueron obligados a someterse desde el 30 de agosto de 2012, luego de que un grupo de autoridades ejidales protagonizaron un ataque en su contra, que derivó en la destrucción y quema de casas.
David Ramos Hernández, representante del Consejo Estatal de Derechos Humanos “Alianza para la PAZ (ALIPAZ), en el uso de la palabra explicó que a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 26 de Diciembre de 2013, emitió la recomendación 84/2013 a favor de los agraviados, hasta la fecha el cumplimiento de ella ha sido parcial, pese a que en tiempo y forma “conforme a lo establece la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mis representados se acogieron a la Ley de Víctimas y a la Ley Estatal de Desplazados”.
Ramos Hernández quien presentó ante los medios de comunicación una relatoría de actividades como lo son una minuta de acuerdos de fecha 20 de enero de 2014, un acta circunstanciada de trabajo del 4 de febrero de 2014 con la intervención de autoridades municipales nuca se realizó ninguna reunión entre las partes en disputa, toda vez que la parte acusada nunca atendió el llamado de las autoridades, de la misma manera otra minuta del 27 de Febrero de 2014.
“A sí mismo en orden a cumplimentar los datos que permitan a las autoridades determinar las indagatorias existentes, las víctimas han aportado hasta la fecha actual todos los elementos que permitan a las autoridades respectivas el debido cumplimiento de la ley.
Por lo que ante la innecesaria prolongación del conflicto causado por las autoridades ejidales, que aún mantienen en estado de tensión a los habitantes del ejido Chigtón y subyugados bajo la amenaza de que no seguir sus acuerdos para realizar actos ilegales, también les cobrarán multas ilegales y todavía más serán agredidos despojados y expulsados en forma similar a la problemática enfrentada por estas veinte familias que lo han perdido todo”.
Por su parte Agustín de Jesús Pérez Gómez quien representa a las familias desplazadas en un éxodo forzado en el municipio de Chiapa de Corzo señaló que su reclamo básico se finca en el cumplimiento a la completa aplicación de la ley a los responsables de su expulsión de dicha comunidad.
“Se cumpla en todas y cada una de sus partes la recomendación de la CNDH, se nos indemnice conforme a derecho en la reparación de daños como víctimas del conflicto, conforme a las responsabilidades existentes y a los actos reclamados.
Una vez ejercidas las acciones de justicia y los puntos de la recomendación de la CNDH, se examine conjuntamente con nosotros, la conveniencia o no del retorno parcial o total al ejido. Y que en todo momento se nos consulte a las víctimas sobre las medidas a ejercer con pleno respeto a la legalidad y a los derechos humanos”.
Al tiempo que reconocieron al mandatario estatal, Manuel Velasco Coello como un gobernante con la capacidad de hacer cumplir la legalidad y hacer valer el respeto a los derechos humanos, le urgieron a finiquitar este problema de desplazamiento forzado en todas y cada una de sus partes como lo observa la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, finalizan.

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