Tuxtla Gutiérrez.- “El agua es un derecho humano; desde nuestra trinchera, todas y todos debemos defenderlo”, expresó la vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Soriano Ruiz, este domingo en el Primer Foro “Agua y energía eléctrica para todos”, organizado por el grupo Chiapanecos por la Defensa del Agua.
Ante miembros de organizaciones civiles y partidos políticos de izquierda, la diputada local se pronunció en contra de la privatización de los recursos naturales, principalmente en Chiapas, un estado donde se genera gran parte de la energía hidroeléctrica del país, pero los servicios de electricidad y agua potable no son integrales.
Soriano instó a no apoyar a partidos políticos que han puesto en charola de plata el potencial energético de nuestro país para naciones extranjeras; que a través de sus representantes en el Congreso de la Unión han apoyado iniciativas que no protegen el patrimonio nacional.
En este sentido, consideró que la Ley General de Aguas es violatoria de los derechos humanos porque reduce el acceso al agua a 50 litros de agua por persona, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda al menos 100; asimismo, porque el servicio estaría restringido a asentamientos legalmente constituidos.
La defensa del agua, subrayó, “no es una lucha de partidos, sino por el bienestar común”; por ello, todos los institutos políticos deberían acuerpar a la sociedad civil que se organiza para protestar en contra de la aprobación y promulgación de esta ley.
Esta normatividad, enfatizó, omite el derecho al saneamiento del agua, aunque el Estado está obligado a garantizar que todos y todas, sin distingo, la obtengan con una calidad limpia.
Además, dijo que abre la posibilidad de que se contaminen los ríos con químicos, al permitir que estos sean vertidos siempre y cuando no rebasen la capacidad de asimilación, lo que pondría en riesgo ecosistemas, aguas del subsuelo y la salud humana.
Esto abriría la posibilidad de que, bajo la legalidad, se repitan casos como el de Proactiva, la empresa española encargada de la recolección y disposición final de la basura que genera la capital de Chiapas, y que con total impunidad contamina el medio ambiente al arrojar sus residuos al río Lacandón.
Recordó que el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y las autoridades ambientales han hecho caso omiso a las denuncias ciudadanas y a los señalamientos que ella y otros diputados emitido para que investiguen a la empresa y pongan un alto a la contaminación del afluente.
Estos hechos deberían ser sancionados con severidad, sobre todo cuando hay crisis por su escasez en otros países como Brasil, apuntó la diputada, sin embargo, con esta ley se prevé imponer penas irrisorias de apenas 50 mil días de salario mínimo, incluso, cuando en México han ocurrido casos lamentables como la contaminación del río Sonora, cuyas pérdidas fueron valuadas en más de 20 mil millones de pesos.
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