Plantea Zoé Robledo cambios profundos a la Ley de Transparencia

**El grupo parlamentario del PRD rechaza por regresivas las más de 80 modificaciones hechas por PRI y el Partido Verde, sostuvo el Senador de Chiapas

Comunicado...

En conferencia de prensa, el Senador de Chiapas, Zoé Robledo, explicó que “los trabajos sobre los contenidos de la legislación en materia de Transparencia siguen su curso, hay avances pero estos no se pueden considerar suficientes”.

Las bancadas buscan acuerdos sobre los contenidos de la legislación, pero “por ningún motivo aceptaremos que los 80 cambios que pretende el PRI y Partido Verde se den. Obviamente estamos dispuestos a una discusión amplia, a un debate abierto, a una discusión que permita identificar cuáles pueden ser los puntos de encuentro, pero es sumamente preocupante la intención de echar abajo los avances que en materia de transparencia se han tenido”.

El legislador chiapaneco destacó que éste es un tema que está de lleno en la discusión nacional: “tenemos una crisis de credibilidad muy seria y la transparencia puede ser una fuente adicional de legitimidad”.

Robledo destacó cuatro preocupaciones fundamentales del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD): La primera tiene que ver con las recomendaciones e incumplimiento de obligaciones de transparencia. Lo que se está pretendiendo es eliminar la figura de la recomendación, eso ya está en el artículo 25, cambiarlo significaría un retroceso

La segunda preocupación es que se intenta dispensar de establecer comités de transparencia a organismos y autoridades con tareas de seguridad nacional.

“Evidentemente no estoy de acuerdo con esta disposición. No tiene sentido ni en términos democráticos ni en términos de seguridad. Las áreas de seguridad nacional son delicadas, y debemos analizar muy bien la información que deben hacer pública, pero eso no debe ser una carta en blanco, ni convertir éstas áreas en islas de opacidad tolerada.”

El tercer tema que inquieta al PRD, comentó el parlamentario, es el que se pretende clasificar y reservar información con una prueba de daño laxa. La prueba de daño, explicó, es la prueba que tiene que aportar quien niega información pública por supuestamente perjudicar a la institución o al país.

“Eliminar la prueba del daño representaría un gran retroceso en materia de acceso a la información, corresponde a la autoridad que pretenda que determinada información sea reservada demostrar la legitimidad de su pretensión. Que demuestren por qué niegan o por qué quieren reservar la información.”

Y por último, el tema de los llamados “whistleblowers”, denunciantes o delatores: “En el artículo 214 se pretende eliminar esta figura probablemente porque no se entiende bien de qué se trata, aquí lo que estamos planteando, y es una exigencia también de la sociedad civil, es la excepción de la figura anglosajona de whistleblower que son los alertadores, o déjenme decirlo así, son los delatores, que normalmente se tratan de empleados gubernamentales que informan sobre casos de abuso, de fraude y de mal gasto. Quien se atreve a denunciar y hace un servicio mayor a la sociedad debe estar considerado en la ley”, finalizó.